El derecho al olvido es un derecho relacionado con la protección de datos personales. Se puede definir como el derecho que tiene el titular de un dato personal a borrar, bloquear o suprimir información personal que se considera obsoleta por el transcurso del tiempo o que de alguna manera afecte el libre desarrollo de alguno de sus derechos fundamentales. El derecho al olvido también tiene un lado negativo, ya que en muchas ocasiones puede colisionar con la libertada de expresión.
Hoy día la enorme capacidad de almacenaje de los motores de búsqueda permite localizar cualquier dato en cuestión de segundos y con extrema facilidad puede significar el fin del olvido. La perpetuidad de la información implica entonces nuevos desafíos para el derecho y pone en tela de juicio si una persona puede borrar su pasado. Usualmente estos reclamos se ridigen contra el medio de prensa, sitio de internet o blog que publica la información o incluso contra los buscadores que ayudar a que la información sea más fácil de encontrar.
El fechas recientes, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI) informó en un comunicado que inició un procedimiento de imposición de sanciones contra Google México, por no haber atendido la solicitud de un particular que quiso ejercer su derecho constitucional de cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales. Esta acción provocó muchas reacciones en los círculos de la industria y entre expertos en protección de datos personales.
Este es un hecho sin precedente ya que por primera vez una autoridad federal de protección de datos se enfrenta a una empresa extranjera. La empresa justificó su falta de atención al ciudadano diciendo que se trata de Google Inc., con domicilio en Estados Unidos, y no Google México la empresa que presta el servicio de motor de búsqueda, pero el IFAI concluyó que eso no fue acreditado por la empresa y que Google México sí hace un tratamiento de los datos personales del ciudadano. El IFAI sacó ese argumento precisamente de un fallo histórico del año pasado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea la jurisdicción del más alto nivel en la Unión Europea. En mayo del 2014, la jurisdicción suprema europea decidió que Google Inc. y su filial en España, Google Spain, tenían ambos que cumplir con la normativa de protección de datos aplicable en toda la Unión Europea y eran responsables del tratamiento de datos de sus usuarios en España. Concluyó que ambas empresas tenían que atender a la solicitud de un titular que quería que el buscador des indexara los resultados vinculados a su nombre porque los resultados mostrados en Google ya no eran relevantes, eran obsoletos y sin mayor interés para el público en general.
La decisión del IFAI coincide en la argumentación del tribunal europeo para justificar su posición hacia Google México:
- La actividad de un buscador constituye un “tratamiento” de datos personales según la ley mexicana de protección de datos;
- Google México tiene las mismas funciones que la filial española de Google Inc.;
- Los estatutos sociales de Google México mencionan específicamente que la empresa tiene por objeto la prestación de servicios de motor de búsqueda. Aunque no fuera lo que hace en realidad la filial mexicana, su actividad de promoción y venta de espacios publicitarios en México constituyen el aspecto esencial del negocio y de los ingresos de su empresa matriz, Google Inc.;
- La actividad del buscador de Google Inc. se realiza en el marco de las actividades de Google México.
Por esta razones y de acuerdo a la IFAI Google está obligado a cumplir con la normatividad europea de protección de datos. Según las últimas estadísticas, Google ha evaluado cerca de 800 mil direcciones web para que sean des-indexadas para cumplir con las más de 200 mil solicitudes de cancelación de datos personales. .
Con esto como precedente, cualquier usuario en México pueda exigir que la empresa de búsquedas en Internet cumpla con su solicitud de cancelación de sus datos en el buscador para respetar la ley mexicana . Una de las grandes polémicas en torno al derecho al olvido es si atenta contra la libertad de expresión y si puede llevar a un acto de censura. Si un político escribe en el buscador de Google México su nombre y como resultado encuentra algunas notas periodísticas sobre presuntos actos de corrupción que lo involucran podrá exigir que la información sea eliminada de internet tras argumentar que con éstas hay una violación a sus datos personales. Casos como estos darán mucho de qué hablar y seguirán habiendo debates sobre la delgada línea entre la privacidad, la libertada de expresión y el derecho a estar informados.
Fernando Thompson 